El diputado Santiago Torreblanca Engell (PAN) planteó reformar el artículo 10 de la Constitución Política, con el objeto de agregar que quien posea un “establecimiento, dedicado a la actividad comercial, ubicado en un inmueble”, tiene derecho a poseer armas para su seguridad y legítima defensa. Con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para uso exclusivo de la Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva.
De acuerdo con el legislador, la propuesta tiene dos objetivos principales: “Uno, devolver a las familias que tienen un negocio o que trabajan en uno la posibilidad de ejercer una defensa legítima y moralmente válida en contra de los abusos cometidos por criminales, para defender su patrimonio, su libertad o sus vidas, y dos, ser un mecanismo que desincentive el delito”.
El documento señala que esta última acción se daría en dos vertientes. La primera, es el delincuente que no es profesional y no se encuentra armado, quien pensará dos veces antes de animarse a delinquir en un establecimiento mercantil, y la segunda, los delincuentes armadoso con mayores capacidades de violencia, sabrán que es posible que encuentren resistencia y también tendrán miedo de perder su propia vida.